03 septiembre 2008

"In memoriam"

Aquéllos que no hemos sufrido el asesinato de un familiar difícilmente podemos imaginar lo que sienten los afectados. Tampoco nadie puede cuantificar quién sufrió más, si la hermana de una mujer apuñalada por su marido, el padre de un asesinado por ETA o los hijos de un hombre fusilado en una cuneta hace muchos años. Algún insensato aventurará si un asesinado valía más que otro o si incluso, se lo había “buscado”. Para mí todos son iguales y tienen en común sobre todo que su fatal destino fue decidido por otras personas sin escrúpulos y desde luego sin ningún derecho atribuido por el Estado.

Las otras víctimas, las familias, viven el resto de su vida sin su ser querido, pero al menos con la esperanza de que el matarife responda ante la ley. Por suerte, en la actualidad es raro que prescriba un delito de asesinato, pues el plazo de prescripción (20 años) se interrumpe cuando hay un procedimiento judicial abierto, y las más de las veces el delito es investigado y el asesino capturado.

Por desgracia no siempre ha sido así y la mayoría de los asesinados del siglo XX no han encontrado justicia en nuestro país. En España nos encontramos en una situación singular respecto a los asesinados por partidarios de los sublevados en la Guerra Civil. Normalmente deberíamos aceptar que desde entonces han pasado ya casi 70 años y que los delitos de asesinato han de estar prescritos. Punto y final desde el punto de vista legal. Pero, ¿y desde el punto de vista de la JUSTICIA?. Desde la Guerra Civil hasta ahora ninguno de esos delitos han sido investigados por el Estado, ni sus culpables perseguidos, ni siquiera ha habido una amnistía general declarada por el Congreso.

El gobierno actual, en una chapuza histórica sin precedentes, aprobó en la pasada legislatura la Ley de Memoria Histórica, poniendo los derechos de los familiares como excusa para sacar un legajo sin contenido y de eficacia propagandística muy discutible. Si de verdad quisieron resarcir a las víctimas tenían que haber asumido las tareas de encontrar a los muertos, de darles sepultura donde sus familiares eligieran y de resarcir a las familias con las indemnizaciones correspondientes. Nada de esto se contempla en esa “ley”. Sólo humo.


Pero el circo sigue, superándose número a número y esta semana, dando una nueva vuelta de tuerca al ridículo de nuestras instituciones, el antes juez y hoy justiciero Baltasar Garzón ha utilizado la autoridad de la Audiencia Nacional para requerir información a varias instituciones sobre el paradero de los asesinados en la guerra. ¿En base a qué ley, a qué legitimidad, se mete la Audiencia Nacional en semejante charco? Nadie lo sabe, pero lo peor es tener la certeza de que, el numerito tan sólo servirá para remover la memoria de unos cuantos abuelos, dándoles unas esperanzas que terminarán en papel mojado.