17 abril 2011

Don Dinero manda


tras la guerra Civil, el Estado pensó que dejar la gestión de sectores clave en manos privadas era arriesgado. Aparte de consideraciones estratégicas, no debía ser fácil para el exiguo capital privado nacional montar una red eléctrica o de telefonía prácticamente de la nada. Así las cosas, el gobierno español apadrinó astilleros, refinerías, fábricas de automoción, eléctricas, etc ... conservando para sí sus activos, que fueron creciendo año a año. Según aumentó el tamaño de este conglomerado público, también lo hizo el volumen de empleados. No tengo cifras, pero no sería muy exagerado decir que en los años 80, más de un millón de españoles trabajaban en empresas del INI ( entre ellas, SEAT, HUNOSA, Iberia o ENDESA) o en otras empresas de titularidad pública ( Telefónica, CAMPSA, RENFE, Tabacalera).

Con la entrada en la Unión Europea se conjugaron nuevas normas de competencia y la necesidad de financiación del Estado para tomar la decisión de vender los activos de la mayor parte de estas compañías. Algunas operaciones fueron ventajosas para el Estado, pues las empresas eran deficitarias. En otras, en cambio, siempre tuvimos la sensación de que el Estado había malvendido. En unos casos y en otros, ganase el Estado o el comprador, hubo un punto común: la privatización conllevó cientos de miles de despidos.

Un caso paradigmático es Telefonica: la principal empresa de telecomunicaciones de España y una de las cinco más potentes del mundo basó su crecimiento en el pulmón financiero heredado de la privatización y una deficiente apertura a la competencia que le facilitó el cuasi monopolio del mercado español durante los últimos 20 años. Hoy, tras publicar beneficios récord, los planes de despido continúan. ¿Razones? una y simple: los actuales dueños de la empresa consideran que ganan más echando a esta gente que manteniéndola.

9 comentarios:

  1. Señor Zorro de Segovia, en términos generales, sin entrar en matices y con plena conciencia por mi parte de que mi opinión es contraria a la Constitución y al derecho comunitario, creo que todos los servicios esenciales deberían ser estatales o al menos estar fuertemente controlados por los poderes públicos.

    Con "servicios esenciales" quiero decir que satisfagan necesidades básicas para los ciudadanos o que puedan condicionar de forma determinante su vida, su conducta o su opinión.

    Entre otros me refiero a la sanidad, a la educación, a los medios e infraestructuras de comunicación, a las infraestructuras y a algunos servicios de transporte, a ciertos suministros (agua, electricidad y combustible)y naturalmente al crédito.

    Es la única manera de que nuestras vidas no bailen al son de cuatro mangantes, siempre los mismos, cuyo única mira es el beneficio empresarial. El Bien Común, el interés general o cómo queramos llamarlo solo puede satisfacerse en clave pública.

    Ello -insisto- con todos los matices y excepciones puntuales que se nos ocurran para servir mejor y con la flexibilidad necesaria a ese interés general.

    ResponderEliminar
  2. Pasar por el túnel de Guadarrama cuesta 600 pelas, el doble de lo que se gasta en gasolina subiendo por el puerto de El León, un túnel que pagó el enano con nuestro dinero. Y no me vengáis con que lo financiaron otras privadas a cambio de una concesión que se renueva ilegalmente cada... Cuando se los pone en el forro.
    Las empresas privadas creadas a partir de las públicas solamente son refugios de amigos de políticos mediocres que siempre han hecho de nosotros (los pringaíllos) sus esclavos económicos.

    ResponderEliminar
  3. Y lo más triste es que nadie dice ni hace nada... don neolibalismo manda...

    Besicos

    ResponderEliminar
  4. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar
  5. Zorro,

    esta entrada me ha sorprendido por simplista y bastante sesgada - lo cual se aleja muchísimo de tu tono normal.

    El problema de la economía Española no es que Telefónica tenga que echar al 20%. El problema de la economía española es que Telefónica tendría que echar en realidad al 70%, pero no puedo hacerlo limitando su competitividad, su capacidad para expandirse en el extranjero y en el largo plazo condenándola a ser vendida o desmantelada.

    El único beneficio que se consigue teniendo empresas "estatales or semi estatales" es reducir la competitividad y limitar el potencial económico del país.

    Solo a través del libre mercado se puede garantizar creación continua de empleo.

    El mejor ejemplo del mundo lo tienes aquí mismo, en Detroit. Los fuertes sindicatos y las ayudas del estado han reducido la industria del automovil en US a una broma.

    No parece que aprendamos la lección. España ha perdido el sector de la construcción, va a perder el 50% del sector bancario y ahora nos queremos cargar también al teleco. Así va el país.

    Como siempre, es mucho más fácil culpar a otros por todo, que apretarse el cinturón y trabajar duro.

    ResponderEliminar
  6. pasaba por aquí9:58 a. m.

    Zorro, la solución es el catolicismo porqué es verdad
    http://www.youtube.com/watch?v=fer_lHlsNYM

    ResponderEliminar
  7. Sr. Neri, su propuesta es interesante pero también hay que reflexionar sobre las alternativas privadas. Yo estoy frontalmente en contra de la privatización de la Sanidad, pero ... ¿y la educación? las órdenes religiosas tradicionalmente y las empresas privadas en los últimos años parece que no hacen un mal trabajo.

    New Yorker, he vuelto a leer la entrada para buscar su simplicidad (cierto, la he encontrado pues el asunto da para dos volúmenes) y el sesgo (tampoco lo veo: sólo concluyo lo evidente, la empresa privada busca el beneficio máximo, a unos les gustará y a otros, no).

    ResponderEliminar
  8. La Iglesia y las órdenes religiosas son otro asunto. Dentro de mi concepción de las relaciones Iglesia-Estado por supuesto que tienen cabida los colegios privados de curas y monjas. Eso sí, sujetos siempre a la programación y contenidos marcados por el Estado (a excepción de los estrictamente religiosos)y debiendo refrendarse los títulos con las oportunas reválidas estatales al final de cada ciclo.

    ResponderEliminar
  9. Ah, y siempre quedando obligados a admitir gratuitamente en sus centros a quienes el Estado les diga para garantizar el derecho a una educación religiosa de todos los españoles independientemente de su nivel de ingresos.

    ResponderEliminar